Algunos de estos permisos se facilitaron a 70 euros, un precio que fue en aumento hasta alcanzar los 150, que hasta ahora era la tarifa más alta de la que se tenía constancia. La sorpresa saltó esta semana cuando se supo que por algunos de los documentos que tenían como destino la comarca de Barbanza se llegó a pagar hasta 300 euros por cada uno. Un precio muy superior a todos los conocidos hasta el momento y que hace más difícil todavía cuantificar los emolumentos que se llevaron al bolsillo los encargados de ejecutar y entregar los permisos.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron que las personas que llegaron a pagar 300 euros por este permiso -que siguiendo la normativa vigente cuesta sobre 40 euros- podrían ejercer la caza en el coto de Noia. Aquí, hay que decir que, la semana pasada, un portavoz de la sociedad cinegética de este municipio reconoció a La Voz que en la masa social de la entidad hay algunos casos de personas que pidieron darse de baja esta temporada hasta resolver los problemas que les acarreó el haber comprado de manera fraudulenta estos documentos.
La polvareda que está levantando la aparición continuada de nuevos datos que sirven para retratan el modus operandi y el alcance de este delito de falsedad documental continuado ha servido también para que algunas personas vinculadas estrechamente al mundo de la caza en la comarca de Barbanza -que acumula más de un centenar de imputados- se atrevan a hablar y aclaren que la edad de los cazadores que compraron estos permisos era avanzada: «Mucha de esta gente, por una simple cuestión de comodidad para no tener que ir a A Coruña a completar el papeleo y hacer el examen, al que le tienen miedo, pensaban que era mejor conseguirlo por esta vía y olvidarse de complicaciones».
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA
