Así lo han confirmado fuentes del instituto armado, que indicaron que un agente de ese cuartel está siendo investigado con el fin de averiguar si ha cometido un delito continuado de falsificación de documento público y mercantil. Lo que no ha desvelado la Guardia Civil es si el agente ocupa algún cargo, como apuntan fuentes consultadas.
La Fiscalía de Medio Ambiente y el Seprona realizan las investigaciones, que están judicializadas. Cada uno de los documentos fraudulentos tenía un precio de 150 euros, frente a los 15 o 30 que costaba por la vía oficial. Eso sí, los compradores se libraban del examen obligatorio. Ya se han anulado 140 permisos, todos en la provincia de A Coruña.
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA
