UNITEGA ha recordado a la Xunta de Galicia, que de acuerdo con la normativa
vigente, las proposiciones, sugerencias o recomendaciones recibidas por la Administración son
tenidas en cuenta por el órgano encargado de la redacción del texto del
proyecto, que podrá asumirlas o rechazarlas a través de un informe final en el
cual recibirán una respuesta razonada, informe que en caso de materias
relacionadas con el medio ambiente a las que se refieren los artículos 17 y 18
de la Ley
27/2006, de 18 de junio, del derecho de acceso a la información ambiental, debe
ser oportunamente publicado.
A pesar de que en marzo de 2012 finalizó el plazo de
presentación de alegaciones al borrador del anteproyecto de la Ley de caza de Galicia, la Xunta de Galicia a día de
hoy aún no ha publicado el informe final sobre las alegaciones, haciendo caso
omiso a la obligación que se recoge en el Artículo 16.1.d) de la Ley 27/2006, de 18 de junio.
La edad mínima para
cazar en Galicia: Una cortina de humo
UNITEGA no entiende que el Defensor del Pueblo de Galicia haya recomendado a la Xunta de Galicia que no
rebajare de 16 a
14 años la edad mínima exigible para la obtención de una licencia en la
comunidad y, por otra parte, no la haya “exigido” que cumpla con su obligación
de publicar el informe final sobre las alegaciones presentadas, cuando ya ha
transcurrido casi un año.
Este hecho demuestra claramente
que se ha utilizado la polémica de la edad mínima para desviar la atención del
público en los medios de comunicación, y así evitar hablar del contenido del
texto final de la Ley
de Caza; texto que a penas ha sufrido modificaciones después del proceso de
alegaciones.
UNITEGA entiende que lo
cazadores gallegos son tratados por sus gobernantes como verdaderos “analfabetos
cinegéticos”, ya que si salen a cazar fuera de su propia Comunidad podrán
hacerlo en cualquier CC AA de España con tan solo 14 años de edad, mientras que
en la suya les será negado ese derecho con la nueva Ley de Caza.
Los cazadores gallegos: Obligados a movilizarse
Todo el proceso
administrativos que ha seguido la redacción de la nueva Ley solo ha servido
para demostrar la incapacidad de los responsables de medio ambiente para
consensuar una norma con el sector cinegético de Galicia, a pesar de la buena
voluntad mostrada desde un principio por las Asociaciones y Federaciones de
cazadores, y que inevitablemente están siendo obligadas por la Xunta de Galicia a adoptar
medidas de presión para que sus derechos sean reconocidos.