Según indicaron varios directivos afectados, la orden incluía una dotación económica de 200.000 euros con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma e incluso dejaba abierta la puerta a un incremento en virtud del artículo 31 de la Lei 9/2007 de subvenciones de Galicia. También se especificaban las condiciones, requisitos y criterios objetivos que debían cumplir los titulares de los terrenos cinegéticos para acceder a la adjudicación de las ayudas.
Trabajos para acometer mejoras de hábitat como desbroces, siembras, limpieza de fuentes, acondicionamiento de manantiales o construcción de madrigueras artificiales formaban parte de las acciones que se debían desarrollar para favorecer la recuperación de las poblaciones de conejo de monte y de perdiz rubia en Galicia. Unas actuaciones que -subrayaron los cazadores- también contribuirían a paliar los incendios forestales.
Las sociedades de caza aseguraron que fueron muchos los proyectos que se presentaron en plazo para optar al reparto de los 200.000 euros. «Después de presentar la documentación e incluso algunas sociedades de realizar los trabajos en su época correspondiente, desde la Administración no se han dignado siquiera a dar una respuesta y un año después no han resuelto los expedientes», remachó un presidente.
Dificultades económicas
Los tecores, que lamentan el silencio que mantiene la Federación Galega de Caza, afirmaron que son conscientes de las dificultades económicas del momento actual, pero señalaron que eso no exime a quien corresponda de dar las explicaciones pertinentes. «Si no tenían presupuesto para qué publican la orden de ayudas -se preguntaron- y si la cantidad que aparece reflejada en la orden estaba presupuestada y adjudicada para sufragarla, dónde están los 200.000 euros». Varias sociedades estudian interponer un recurso contencioso-administrativo contra la consellería.
Por su parte, desde Medio Rural indicaron ayer que la orden de la Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza sigue «el trámite normal», por lo que si las ayudas «están convocadas, se pagarán». Los cazadores rechazaron esta explicación y apuntaron que había seis meses para resolver.
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA
