Sólo el oso pardo puede presumir de contar con un plan de protección en Galicia, elaborado hace casi dos décadas. El resto de especies de la comunidad amenazadas de extinción o vulnerables -en el caso de animales, otras 87, según el Ministerio de Medio Ambiente- viven en el limbo jurídico, con el agravante, afirma el Gobierno, de que no deberían hallarse en esa situación, sino contar con regulaciones específicas encaminadas a su recuperación o conservación, según sea el caso.
De este modo lo señala el informe Biodiversidad en España elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad -una entidad nacida de un convenio entre Ministerio de Medio Ambiente, Fundación Biodiversidad y Universidad de Alcalá-, que incide en que "según la legislación vigente, las comunidades están obligadas a adoptar un plan de recuperación de las especies amenazadas en peligro de extinción en un plazo máximo de tres años y un plan de conservación para las incluidas en la categoría de vulnerables en un máximo de cinco años" a partir de la ley estatal de 2007 de biodiversidad. En ese caso, la comunidad gallega estaría ya fuera de plazo con los amenazados y a punto de estarlo con el resto.
Desde el Gobierno gallego no entienden la legislación de la misma manera y, de hecho, ni siquiera coinciden con el Estado en las cifras. Para empezar, afirman que, aunque "la ley" (en alusión a la 42/2007) es aplicable a Galicia", la comunidad tiene competencias en la materia y ha desarrollado su propia legislación, una normativa que, enfatizan, "no establece plazos".
Por otro lado, desde la Consellería de Medio Rural, de la que depende, desde la llegada al poder de Alberto Núñez Feijóo, la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, indican que el Catálogo Galego de Especies Amenazadas (CGEA) incluye 193 especies, pero solo 81 animales -no 88-, 25 de ellos en la categoría de especies en extinción y 56 en la de vulnerables. El resto serían especies de flora, aunque el grado de protección que les confiere la legislación es el mismo. No obstante, ayer mismo estos datos dejaron de ser válidos porque el Consello da Xunta aprobó una actualización del CGEA y la inclusión de siete nuevas especies -cinco animales (la bucina marina, la libélula, el águila pescadora, el colirrojo real y dos clases de murciélagos) y una de flora: el roble enano- y una modificación del procedimiento para añadir especies para hacerlo "más simple".
Respecto a los planes de conservación o recuperación pendientes, Medio Rural asegura que "ya están realizadas las propuestas técnicas" de 29, con los que intentan abarcar un total de 70 especies, tanto amenazadas como vulnerables. Añaden que "en la actualidad se está iniciando ya la tramitación de los procedimientos de aprobación" de cinco de ellos y que el "objetivo" de la Xunta es "que todas las especies y taxones incluidos en el CGEA queden cubiertas" con un plan de recuperación o conservación.
Este objetivo, como afirma el informe avalado por el Ministerio, queda lejos, y solo las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia superan a Galicia por debajo, con cero planes aprobados, a pesar, recuerdan, de que hace dos décadas ya de la aprobación en España del primer Catálogo de Especies Amenazadas. Como Galicia está Cantabria, que curiosamente también cuenta solo con el plan del oso pardo. En el extremo opuesto se sitúan Baleares y Asturias, que han hecho, subraya el Observatorio de la Sostenibilidad, casi la mitad de sus deberes. El balance general, en todo caso, es negativo, ya que en España solo, afirman, se han aprobado el 8,3% de los planes "que debían adoptarse según la ley 42/2007".
El catálogo gallego distingue entre las especies en peligro de extinción -aquellas cuya supervivencia "es poco probable si los factores que causan su desaparición continúan"- y las vulnerables: especies que viven con condiciones adversas a su supervivencia y que si no varían acabarán en el primer grupo. A las siete que introdujo ayer la Xunta se suman otras como el urogallo, el cangrejo de río, el esgonzo ibérico, la tortuga común o el águila real.
Los ecologistas de Adega ven un claro "déficit" en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Xunta. "Sabemos que hay redactados unos cuantos, pero no valen de nada si no se aprueban en el Diario Oficial de Galicia", indica Fins Eirexa. Es más, desde el principio, señala, el Ejecutivo les transmitió que la austeridad obligaba a paralizar los planes elaborados. Además, critica, que el Gobierno gallego les explicó que empezaría por redactar los planes de las llamadas "especies paraguas", de las que la conservación del hábitat implica la conservación de otras. "Le dijimos a la Xunta que eso no era suficiente porque cada una de las especies requiere un plan específico", argumenta.
Adega se pregunta "para qué tenemos una Administración si es la primera que incumple la ley". De hecho, subraya Eirexa, Adega tuvo que recurrir al Valedor para que se convocara el Observatorio Galego da Biodiversidade, que es el que hasta ahora daba entrada a las propuestas de nuevas especies para el catálogo de amenazadas, y la Xunta no realizó sugerencias, sino que fueron los ecologistas y la Universidade de Santiago. "Falta voluntad política", concluye.
FUENTE: LA OPINION DE A CORUÑA
